Google+ Followers

domingo, 1 de diciembre de 2013

VIVO EN UN PUEBLO PEQUEÑO




Vivo en un pueblo pequeño, como dice la canción de Víctor Manuel. Está en El Bierzo y se llama Cortiguera. Tiene poco más de 400 habitantes y a su vez pertenece al municipio de Cabañas Raras, con un global de unos 1.300 habitantes. Las dos localidades, Cabañas y Cortiguera, poseen juntas vecinales que administran el patrimonio común de cada pueblo.

Vivo pues en uno de esos sitios de la España rural que está puesto bajo sospecha por la mal llamada “Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local”, que como en algún dicho popular podríamos pasar a denominar “Ley de las Dos Mentiras”, porque ni racionaliza, ni genera sostenibilidad en la administración local.

He sido concejal casi 9 años en la ciudad de León y después de leer la ley unos se da cuenta de que quién / es la redactaron no han pisado un ayuntamiento ni para hacerse el bono de la gimnasia de mantenimiento.  

Es en un sitio pequeño donde uno se da más cuenta de la importancia de un ayuntamiento: es la primera administración de referencia ciudadana, la más cercana y por ello siempre ha sido la mejor valorada.

Las miles de personas que dedican su tiempo, esfuerzo y hasta su salud en las administraciones locales, son un verdadero ejército de voluntarios/as que, en la abrumadora mayoría de los casos a cambio de nada (cuando no onerosamente), sostienen población en el medio rural y la calidad de vida en los pueblos.
De la misma forma, han sido (pese a la propaganda “oficial”) las administraciones más sostenibles, mejor gestionadas y que responden con mayor rapidez y eficiencia ante las necesidades de los/as ciudadanos/as.

Han servido a su vez para vertebrar y sostener razonablemente población en el territorio. Si pensamos en una provincia tan extensa y con la población tan dispersa como la de León, aún más. Nuestra provincia tiene nada menos que 211 municipios, que acogen a menos de 500.000 habitantes en 15.581 km2 de territorio, de administración compleja y diversa.

El PP, de acuerdo con la carrera involutiva de su acción de Gobierno, ha decidido atacar a los ayuntamientos y convertirlos en poco más que administraciones instrumentales para las diputaciones. En efecto, la reforma local del PP pretende limitar el poder local directo y reforzar el papel de las diputaciones, institución decimonónica con escasa legitimidad democrática (elección indirecta) y con una gran deriva caciquil. Sé de lo que hablo, fui diputado provincial casi 1 año.

Y resulta de lo más  curioso que sean precisamente los municipios los que, representando menos del 5% de la deuda global de las administraciones públicas, se vean sometidos a un ahogamiento justificado precisamente en reducir costes. Y más aún que, perteneciendo la mayoría de la deuda a los grandes ayuntamientos, sean los más pequeños y más sostenibles económicamente los que se vacíen de competencias. Esto se lo podía contar perfectamente el ministro Gallardón a su colega Montoro, porque prácticamente la mitad corresponde al periodo egipcio de su mandato en la ciudad de Madrid.

Hay más: el modelo diseñado para la administración de los servicios por parte de las diputaciones, abre la puerta a privatizaciones masivas y a la huida del control ciudadano del ejercicio de los mismos (al ser administraciones elegidas de forma indirecta). Se despoja de competencias a una administración democráticamente elegida de forma directa, para hacer residir todo el poder en el despacho de la presidencia (nuestra presidenta) de la Diputación.

Punto y aparte merece el destino reservado para las entidades locales menores, nuestras juntas vecinales, instituciones centenarias de democracia directa y que han sabido administrar y gestionar eficientemente el patrimonio de nuestros pueblos, de los que son también elemento identitario.

Si hablamos de razones económicas, las juntas vecinales, representan en su conjunto menos del 0’5 % de la deuda total de las administraciones públicas y sin embargo son las más castigadas por el proyecto Montoro, prácticamente condenadas a desaparecer antes o después. Pero es que el patrimonio inmemorialmente administrado y gestionado por las Juntas Vecinales es muy jugoso.

Nuestra provincia no se puede comprender sin sus 1234 juntas vecinales (1/3 de todas las de España), entidades que durante siglos han sobrevivido a señoríos, guerras, cambios de régimen, dictaduras…pero que puede que no sobrevivan al PP de Rajoy.

La provincia de León será tremendamente perjudicada pues, si se aplica esta reforma local, pero no lo será menos nuestra Comunidad Autónoma, para la que la mayoría de las reflexiones hechas anteriormente sirven también.

Castilla y León es la comunidad autónoma más extensa de España. Extraordinariamente diversa, en su interior cohabitan dos regiones históricas y exite un fuerte arraigo comarcal ( siendo la única oficialmente reconocida la comarca de El Bierzo, en la que vivo).

Ocupa el 18% del territorio español, pero sólo da cabida al 5% de la población, con una  ¼ parte de la densidad de población media del país. Tenemos aproximadamente el 30 % de los municipios de España y de ellos el 94 % son de menos de 2.000 habitantes, justo los que peor salen parados con esta Contrarreforma Local

De la misma forma, en Castilla y León existen 2.230 entidades locales menores (prácticamente la 1/2 de España).

La Junta de Castilla y León ha sido beligerante durante estos meses con esta reforma de cara a la opinión pública de la Comunidad, defendiendo las competencias que se derivan del Estatuto de Autonomía y que la ley del PP vulneraría. No en vano, desde el PSOE impulsamos un acuerdo para la defensa del mundo local, al que se sumaron los populares. El contenido del acuerdo es radicalmente contrario a lo contenido en el proyecto de ley nacional.

También lo es lo dispuesto en la Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de Castilla y León, aprobada el pasado 27 de septiembre, en la que se garantiza el mantenimiento de las actuales entidades locales menores.

Sin embargo, la pasada semana, durante el debate en la Comisión de Comunidades Autónomas del Senado, la Junta giró y pasó a apoyar la ley, basado en su “fe en el ministro” y en unas supuestas mejoras prometidas para durante el trámite en el Senado prometidas (algunas de ellas anunciadas el mismo martes y desmentidas al día siguiente). Como le dije al Consejero en el debate, del que participé, el futuro de nuestros pueblos no puede estar sujeto a cuestiones de fe; hablamos de derecho, no de religión.

Lamentablemente y una vez más, el PP de esta Comunidad Autónoma vuelve a dejarse caer de rodillas ante sus jefes de Madrid. No dejo nunca de pensar lo muy generosa que es esta tierra con el PP y lo poco que le devuelve…a ver si los/as ciudadanos/as despiertan algún día.

El PSOE ya ha anunciado que si durante el trámite en el Senado la ley se queda como está, acudirá al Tribunal Constitucional en defensa de la autonomía local. Y yo me alegro de que sea así. Porque ante esta derecha de caja registradora hay que seguir gritando que nuestros derechos, nuestros servicios públicos, nuestra gente, nuestros pueblos, no están en venta.


Mi pueblo no está en venta

1 comentario:

  1. todo lo que hace el PP está encaminado hacia los mismos objetivos. Si eliminan la capacidad de decisión local y pasa a estar bajo su supervisión cualquier movimiento que se haga, incluso en el pueblo más pequeño, al final, alguien saldrá muy beneficiado con esas decisiones y el pueblo en total, muy perjudicado. Y si no, al tiempo.
    (El terreno sigue siendo una fuente inagotable de riqueza para los que tienen planes sobre cómo utilizarlo).

    ResponderEliminar